El Partido Socialista se fundó clandestinamente en Madrid, el 2 de mayo de 1879, en torno a un núcleo de intelectuales y obreros, fundamentalmente tipógrafos, encabezados por Pablo Iglesias. El primer programa del nuevo partido político fue aprobado en una asamblea de 40 personas, el 20 de julio de ese mismo año.
El PSOE fue así uno de los primeros partidos socialistas que se fundaron en Europa, como expresión de los afanes e intereses de las nuevas clases trabajadoras nacidas de la revolución industrial.
En la actualidad el PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de ley en la que pide al Gobierno que prohíba la venta de participaciones preferentes a inversores minoristas y que garantice a quienes las suscribieron en el pasado la devolución del 100% del valor nominal de estos títulos bancarios.
Para entender la propuesta de la nueva ley, hay que saber que la comercialización de las participaciones preferentes se produjo sin un nivel adecuado de transparencia ni una evaluación previa de los conocimientos financieros y experiencia del inversor minorista. La gran mayoría de entidades indujeron a su clientela a convertir sus depósitos en estos productos financieros extremadamente complejos y ahora muchos de quienes invirtieron sus ahorros en un producto que creían seguro se encuentran con que no pueden disponer de su dinero de forma inmediata, al menos no sin asumir pérdidas.
Para evitar que esta situación se repita en el futuro, los socialistas proponen modificar la Ley del Mercado de Valores para regular mejor este tipo de conductas y obligar a las entidades a ofrecer información suficiente y pormenorizada sobre los riesgos y condiciones de los productos que ofrecen a sus clientes minoristas, así como que presten asesoramiento financiero adecuado al perfil de sus clientes y emitan certificados de idoneidad.
El PSOE propone que (CNMV) autorice las operaciones de canje de las participaciones preferentes y que las entidades tengan la obligación de ofrecer el cien por ciento de su valor nominal, además que los inversores con carácter voluntario, puedan elegir suscribir nuevas acciones, obligaciones subordinadas convertibles en acciones de la entidad emisora o de cualquier otra de su grupo, y la constitución de imposiciones a plazo fijo no superior a tres años.
En base a esto el Gobierno podrá establecer los requisitos y condiciones que garanticen las posibilidades de canje y además prohibirá la comercialización por cualquier tipo de entidad de participaciones preferentes entre la clientela minorista.
La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) también ha presentado en la Cámara baja una iniciativa similar para acabar con el «corralito» que, están sufriendo los titulares de estos productos, y para sancionar a los bancos que hayan abusado de sus clientes. CiU también ha presentado una iniciativa reclamando al Gobierno que expediente a los bancos que vendieron participaciones preferentes a clientes individuales, así como que sancione a los que pudieran haber vulnerado la ley, y que presente un proyecto de ley de transparencia y calidad en la comercialización de productos bancarios.
Sin duda se busca una solución pensando en los clientes y en el bienestar de la Sociedad.
