Cuando ya creíamos perdidas la capacidad de asombro sobre las malas prácticas bancarias en nuestro país, el asunto de las tarjetas opacas de caja Madrid nos mostraba que no, es más, nos volvía a afilar las dudas sobre el funcionamiento interno de la banca.
En todo este proceso, de años en los que el sistema bancario nuestro país ha brillado por cualquier cosa menos por transparencia y buenas prácticas, al ciudadano le ha quedado una sensación amarga no sólo por el impacto económico, sino también por la obligación de rescate con dinero de todos de entidades mal gestionadas, peor administradas y con un halo de corrupción indudable. Todo esto podría de algún modo tomar otro color cara al futuro con el Fondo de Resolucion Bancaria.
Estamos ante un proyecto que precisamente pretende eximir al bote común de la economía de las malas praxis bancarias en el futuro. Esto significaría que los propios bancos debieran ser los encargados de resolver y rescatar a otras entidades en caso de situaciones similares a las vividas en el pasado reciente.
El fondo único de resolución bancaria ya ha sido reglamentado, de hecho, ya se han realizado los cálculos de las contribuciones que las entidades financieras debieran realizar a estos fondos. En el origen de la idea, como ya hemos indicado, se encuentra el hecho de tratar de traspasar la responsabilidad a los propios bancos y no cargarla sobre las cuentas públicas.
Además del papel evidente que jugaría este fondo, poseería también un objetivo de financiación de al -1% los depósitos garantizados de todas las entidades autorizadas en la zona del. Se trataría de un fondo al que contribuirían anualmente las entidades de créditos y los fondos de resolución propios en función de los tamaños, pero, también de los perfiles de riesgo de la propia entidad.
En principio, el tamaño serán que determinará la parte fija de la contribución, pero, será modificado en función del riesgo que las entidades presenten, a partir de una serie de indicadores destinados a evaluar dicho riesgo.
Por otro lado,y a partir de la realidad en la que las entidades de menor tamaño poseen perfiles de riesgo menores (y menor potencial de uso de los fondos de resolución) el reglamento se basaría en un principio de proporcionalidad contemplando un régimen especial para los bancos pequeños.
En cualquier caso un sistema que trata de responsabilizar a las propias entidades financieras y hacer las partícipes de los costes que, en este caso, el proceso de crisis actual han asumido las economías públicas.
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