Una de las consecuencias más sangrantes de la crisis financiera de los últimos años es el descubrimiento de una banca con una trastienda realmente sucia. Un modelo de gestión financiero nefasto y en muchos casos delictivo o rayando lo delictivo. Sin embargo, si hacemos un repaso rápido a los banqueros encarcelados a raíz de este crack nos sobran dedos incluso en una única mano.
Salvo algunas excepciones (y con matices) como la de los juicios sistemáticos a la banca en Irlanda, lo cierto es que la gran mayoría de los banqueros que llevaron a sus entidades a situaciones en las que hubo que tirar de dinero público para los rescates siguen hoy en día con sus vidas y carreras profesionales intactas.
Pero hay más aún, como usuarios, vía rescates públicos, hemos aportado para la salvación de estas entidades nacionalizadas, y sin embargo, una parte de ese dinero también se ha destinado a evitar que los banqueros vayan a la cárcel.
En nuestro país este tipo de datos no suele manejarse, no se trata de algo sobre lo que nos detengamos en exceso, sin embargo, en países como EEUU, muy atentos al mínimo detalle relativo al dinero público, ocurre todo lo contrario tal y como muestra el gráfico que añadimos publicado por Wall Street Journal.
Y es que, efectivamente, las sanciones a las entidades, las minutas de los abogados, los gastos derivados de los procesos judiciales y el desgaste de imagen, ha supuesto un coste extra, emanado en muchos casos del propio dinero público, y que obviamente se ha destinado a defender a los principales encausados o a las propias entidades.
Aparte de lo evidente, la ironía fina del asunto viene dada por el hecho de que efectivamente estos bancos ni siquiera existirían en la actualidad en ningún formato posible (y derivados, ni bancos buenos o malos, ni siquiera probablemente como resto de operaciones de compraventa) si no hubiera sido por el dinero público que los rescató; es decir, dinero que sirvió para estabilizar el resultado de las gestiones pésimas, que, cuando tuvieron que enfrentarse a la justicia fueron defendidas con ese mismo dinero público.
Pues si atendemos el gráfico de WSJ realmente nos quedamos asombrados al comprobar cómo el gasto que se considera atribuible a todos esos factores (sanciones, defensas legales, etc.) y que deviene directamente de la propia inyección de dinero público, ya que de otro modo no se hubiera podido hacer frente, suma más de 110,000 millones de dólares sólo entre las seis principales entidades implicadas y rescatadas en Estados Unidos.
Lo cierto es que ante estas cifras, es preferible por una cuestión de higiene mental, procurar no hacer una extrapolación a nuestro país, no vaya a ser que nos llevemos una sorpresa poco agradable (¿usted que piensa que sí o que no?
