Para poder hablar de la Crisis por los Preferentes en España, es importante destacar que la venta de participaciones preferentes, es considerada como un producto financiero complejo y de alto riesgo.
En la actualidad, ha atrapado ya a más de un millón de pequeños ahorradores en España por una suma que rondaba los 30.000 millones de euros en mayo de 2011.
Como mencionamos anteriormente, es un producto financiero de alto riesgo, a perpetuidad y no sujeto a los fondos de garantía que cubren a los usuarios de servicios financieros en España y en Europa. Son productos que no debían ser comercializados masivamente al público por el alto riesgo que comportan.
Además de las participaciones preferentes, existen otros productos similares, los llamados de renta fija, como son la deuda subordinada, los bonos o los pagarés. La venta de esos productos ha alcanzado a más de un millón de familias por un monto de más de 30.000 millones de euros, un importe similar al rescate que se pide para la banca.
Ahora bien, al hablar de una Crisis, siempre surge alguna de las partes afectada, en el caso de los Preferentes, el perfil medio es un ahorrador en edad de jubilación, aunque también se ha comercializado este tipo de producto a ancianos de más de 70 y 80 años, así como a personas enfermas o con graves minusvalías y es el más afectado.
En la mayoría de los casos, el dinero invertido en participaciones preferentes son los ahorros de toda una vida o dinero reservado para la vejez o una situación de invalidez. Este dinero ha quedado atrapado en un “corralito” de forma indefinida, no permitiendo disponer de ello a personas que creían haber contratado un depósito a plazo fijo.
Se trata en muchos casos de clientes de toda la vida de una entidad que conocían personalmente al empleado bancario e incluso al director del banco y que denuncian haber confiado en su palabra.
Cuando hay crisis, siempre se busca al responsable, y en este caso debemos mencionar a los organismos responsables de controlar su venta. Se trata de productos legales pero dirigidos a empresas, fondos de inversión o inversores profesionales que conocen los riesgos y los beneficios de estos productos. Sin embargo, España ha sido el único país de Europa donde se han comercializado de forma masiva a más de un millón de familias.
Esta práctica está prohibida por ley y así se denunció en octubre de 2011 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Su reacción fue recomendar a las entidades su canje por productos de más liquidez, es decir, que no fueran a perpetuidad y otras condiciones similares.
La mayoría de las entidades ya han efectuado los canjes, pero por productos tales como deuda subordinada a 10 años, en el caso de La Caixa o en algún caso con productos a plazos fijos condicionados a 5 años. Es decir, han convertido el «corralito» a perpetuidad en un «corralito» a plazos tan largos como 10 años, que no sirven realmente como solución.
Posibles soluciones:
Pueden y deben reclamar. Las asociaciones de consumidores y usuarios han organizado una plataforma que reclama una solución institucional que permita a los afectados disponer de su dinero.
Si el afectado recurre a una asociación de consumidores, deberá acudir con el contrato que firmó con el banco y la fotocopia de su DNI. En el caso de ADICAE les facilitan unas fichas para rellenar con algunas preguntas concretas que nos ayudan a conocer cada caso concreto.
